Ante los episodios de amenazas de tiroteo en establecimientos educativos correntinos, la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes advirtió sobre la aplicación de sanciones ante amenazas, intimidaciones o cualquier tipo de conducta violenta que afecte el normal funcionamiento de las escuelas, tanto en la capital como en el interior provincial, recaerá sobre los padres de los presuntos autores de esas amenazas.

El pronunciamiento se da en el marco de recientes episodios registrados en instituciones escolares, que encendieron las alertas de las autoridades y motivaron el refuerzo de medidas preventivas orientadas a garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

Desde la fuerza señalaron que no se tolerarán acciones que alteren la tranquilidad en los ámbitos escolares, incluyendo amenazas directas, incitaciones a la violencia o cualquier otro comportamiento que interfiera con el desarrollo de las actividades.

En ese sentido, recordaron que este tipo de hechos se encuentran tipificados en el Artículo 149 bis del Código Penal Argentino, que contempla sanciones para quienes incurran en amenazas.

Asimismo, se remarcó que las conductas que se difundan a través de redes sociales u otros medios digitales también serán objeto de investigación.

En estos casos, se aplicará lo establecido en el Artículo 211 del Código Penal, que prevé penas para quienes generen temor público o alteren el orden mediante la difusión de información falsa o intimidante.

El comunicado también puso el foco en la responsabilidad de los adultos a cargo de menores de edad. Según lo establecido en el Artículo 1754 del Código Civil y Comercial, los padres o tutores podrán ser considerados responsables por los daños y perjuicios ocasionados por los menores bajo su cuidado.

Desde la Jefatura indicaron que cada situación será analizada en función de su gravedad, pudiendo derivar en la intervención de la Justicia y en la aplicación de medidas en los ámbitos penal, civil o contravencional. En este sentido, subrayaron que el objetivo es prevenir hechos que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración de toda la comunidad para evitar la circulación de mensajes que generen alarma o confusión, especialmente en entornos digitales donde la información puede difundirse con rapidez.

El llamado apunta a reforzar la convivencia y el respeto dentro de los espacios educativos, en un contexto donde la prevención y el compromiso social resultan claves para garantizar entornos seguros.

La semana pasada hubo numerosas alertas difundidas a través de las redes sociales y el comportamiento se adjudica a la viralización de retos virales que convocan a los adolescentes a perpetrar hechos violentos.

La situación generó inquietud, que derivó en la revisión de las mochilas antes de ingresar a la escuela, hasta la prohibición de portarlas.